(Las Provincias, 18 de abril de 2010)Más de dos millones y medio de empresas españolas están gestionadas por una familia. Aportan, aproximadamente, el 70% del Producto Interior Bruto y generan más de doce millones de empleos. Si los datos le parecen sorprendentes, piense que estos cálculos tal vez se estén quedando por debajo, ya que, para empezar, ni en España ni en otros países se cuenta con una definición legal de esta figura.
En el Instituto de la Empresa Familiar, que desde el año 1992 se ha consolidado como uno de los portavoces de referencia de estas compañías, manejan una definición que pivota sobre tres conceptos: el de propiedad, según el cual la familia debe tener la mayoría de los votos directos o indirectos, a excepción de las cotizadas en Bolsa -la mitad (en concreto, el 52%) de las que lo hacen en nuestro país está controlada por un grupo familiar-, en las que sólo es necesario que posean el 25% de los votos; el concepto de gobierno, que implica que al menos una persona de la familia se dedique exclusivamente a la gestión del negocio y, en tercer lugar, la voluntad de continuidad. «Este último requisito tenemos que presuponerlo, aunque he de decir que cuando se cumplen los dos primeros, en una amplia mayoría se cumple también el tercero», expone Juan Corona, director académico del Instituto.
