(ABC, 11 de septiembre de 2009)
EL Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha diagnosticó la situación de una parte de la juventud española con afirmaciones claras e inusuales en una autoridad pública. Acostumbrados a oír los tópicos habituales que disculpan o atenúan las responsabilidades por la violencia juvenil o la práctica del «botellón», Múgica rompió la inercia de lo políticamente correcto al denunciar la falta de autoridad de padres y profesores. La de los primeros, porque no quieren ejercerla como exigen las circunstancias de una sociedad cada día más tentadora para la evasión de deberes y obligaciones. La de los segundos, porque se les arrebata en aras de un proteccionismo excesivo hacia los jóvenes frente a las más elementales normas de disciplina académica. Incluso Múgica puso el tuteo a los profesores como un ejemplo de las tendencias que desembocan en la falta de respeto. Obviamente, es un análisis que no debe extenderse a la juventud en su conjunto, formada también por jóvenes sensatos y responsables, que saben aprovechar sus oportunidades académicas, que buscan y encuentran trabajo -cuando lo hay- para mejorar sus expectativas y las de sus familias y que no tienen problemas en emplear su ocio sin dañar a otros y sin dañarse a sí mismos. Jóvenes que saben madurar sin entrar en conflictos permanentes con sus padres, con sus profesores y con su entorno social. Jóvenes de los que hay que acordarse también.
Pero lo cierto es que lo sucedido en Pozuelo de Alarcón es una alarma que no debe quedar reducida a lo episódico. Una explosión de violencia como la que se produjo en esta localidad madrileña encierra causas de muy diversa índole, pero todas concurrentes en lo mismo: la expansión de un modelo de joven consentido y blando, exonerado de responsabilidades y demandante de toda suerte de derechos. Por eso, las primeras sanciones del juzgado de menores por estos graves incidentes llaman la atención por su limitada gravosidad: tres meses sin fiestas en los fines de semana. Cabe pensar en muchos tipos de trabajos sociales y en beneficio de la comunidad -desde barrer calles a atender ancianos- que tienen una aparente mayor eficacia educadora. Y no vale el argumento de que son menores, porque si pueden estar de madrugada bebiendo alcohol sin parar y tirando piedras a la Policía, también tienen edad para asumir determinadas consecuencias por sus actos. Algunas críticas de familiares por las sanciones impuestas ayudan poco a marcar bien los límites de la diversión y de la libertad de los jóvenes. Incluso parecen defender un derecho penal de autor, en cuya virtud no deberían ser estigmatizados con una condena unos jóvenes socialmente bien acomodados. La ley es igual para todos y si hay comportamientos de incivismo juvenil especialmente reprochables son los de aquellos que no tienen problemas económicos, ni de integración social, ni de oportunidades de formación.
También es el momento de exigir que las autoridades decidan qué quieren hacer con el «botellón», porque no tiene sentido prohibir la venta de alcohol a menores y luego presentarse ante los jóvenes como gobernantes «con buen rollo», comprensivos y dialogantes, que les buscan espacios para que beban a sus anchas. El consumo de alcohol en grupo es un caldo de cultivo para actos de violencia, que estallan por causas nimias, quizá imprevisibles, pero cuyos efectos pueden ser trágicos, como los que pudieron producirse en Pozuelo de Alarcón.
