(El País, 10 de abril de 2012)
El
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España a indemnizar
con 8.000 euros a un nigeriano que vive en Barcelona, por haber dado en
adopción a su hijo después de que la madre fuese expulsada del país. Las
autoridades incurrieron en una "grave falta de diligencia" al
entregar al menor a una familia adoptiva sin el consentimiento de su padre
biológico, K. A. B. El tribunal considera que el Estado ha vulnerado el respeto
a la vida privada y familiar.
Los
hechos se remontan a 2001, cuando el padre, su pareja y el hijo de ambos, que
en aquel momento tenía un año de edad, se instalaron en Murcia. Poco después, a
K. A. B. le ofrecieron un empleo en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y se
marchó allí a trabajar. Mientras, la policía detuvo a la madre, que estaba sin
papeles, y un juzgado ordenó su expulsión con la advertencia de que no podía regresar
a España en diez años.
