(ABC, 9 de abril de 2012)
El
incumplimiento de sus obligaciones por parte de entidades públicas, la falta de
coordinación entre cuerpos policiales y la escasez de medios son algunas de las
causas de que la información que actualmente contiene el Registro de Menores
Extranjeros no Acompañados sea «incompleta y, en algunos casos, errónea».
Solventar estas disfunciones es el objetivo de la primera instrucción que
Eduardo Torres-Dulce firma como fiscal general del Estado y que es de obligado
cumplimiento para los miembros del Ministerio Público en toda España. La
correcta identificación de los menores en el Registro, creado a principios de
este siglo, no sólo permitirá al Gobierno «planificar» la política inmigratoria
sino que, además, servirá para garantizar la tutela de esos niños, cuya
situación de abandono les hace más débiles frente a la delincuencia, las redes
de explotación infantil y el fraude.
