Susana Hidalgo (Público.es, 30 de junio de 2009)Es la Noche de San Juan y los tinerfeños disfrutan de las hogueras prendidas en los descampados. Las calles están repletas de gente, los más pequeños coquetean con el fuego. Antes de medianoche, un grupo de chicos saharauis sale a hurtadillas de una nave industrial abandonada. Les acompañan un par de adolescentes canarias. El grupo se mueve entre las sombras.
Se llaman Hamid, Sayid... Llegaron hace tiempo en cayuco y han cumplido recientemente la mayoría de edad. Hasta entonces, permanecían ingresados en un centro de menores. La falta de recursos de las administraciones públicas les dejó luego en la calle. Al dejar de ser menores, tienen que buscarse la vida. Ahora malviven en una nave industrial en Santa Cruz de Tenerife, sin luz ni agua corriente. Pendientes de que no les pille la Policía, porque se han convertido en inmigrantes irregulares.
Los menores africanos que llegan a las Islas Canarias son tutelados por el Gobierno regional hasta que cumplen la mayoría de edad. Cuando alcanzan los 18 años, muchos de ellos se quedan en situación irregular, como denunció el Defensor del Pueblo en su último informe. Estos chicos tienen, por ley, tres meses para encontrar un trabajo que regularice su situación. Antes, no era demasiado difícil colocarlos en la construcción o en la hostelería. Ahora, con la crisis, no hay trabajo. Y estos jóvenes se están quedando en la indigencia.
En el Gobierno canario (Coalición Canaria y Partido Popular) culpan de la situación al Gobierno central. "Estos chicos son muertos civiles: el Estado no los repatría, pero tampoco les da los papeles. No pueden trabajar, terminan en la economía sumergida, víctimas de las redes mafiosas", sostienen fuentes de la Consejería de Bienestar Social, que cifra el número de afectados por esta situación en unos 300 jóvenes.
En la actualidad, hay 1.500 menores bajo la tutela del Gobierno canario (1.200 en las islas y 300 repartidos por la Península), que gasta, porque le obliga la ley, unos 30 millones de euros anuales en mantenerlos. El presidente canario, Paulino Rivero, trasladó ayer este problema en su visita al archipiélago al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que anunció una inversión de 15 millones de euros para fomentar el traslado de menores inmigrantes de las Islas a la Península.
El pasado enero, Coalición Canaria y el PP aprobaron en el Parlamento regional, con el voto en contra del PSOE, una propuesta para que el Gobierno central asuma "su obligación" de tutelar a estos menores. El PSOE contestó que la responsabilidad del Gobierno canario en este tema está dictada en la Ley de Extranjería.
Hamid está escondido en la nave industrial desde hace dos meses. Tiene 19 años, es saharaui, desgarbado y tapa su cabeza con una gorra. Tiene una novia, una menor canaria, que permanece a su lado en una estancia con "Sahara libre" pintado en sus paredes. Hay restos de velas y especias para cocinar. Es la una de la tarde, el resto del grupo de ex menores en situación irregular ha salido a la playa, desafiando la vigilancia policial.
"Estuve en varios centros y allí aprendí un oficio: camarero. Cuando cumplí los 18, recorrí muchos bares y entregué mi currículum, pero nada", explica Hamid, que recuerda que, antes de su viaje en cayuco, creía que su paso por Europa le iba a cambiar la vida.
No ha sido así. Su vida pasa ahora por esquivar a la Policía y pasar las horas muertas en el edificio abandonado, a resguardo del calor. Hace dos semanas, Hamid escapó de una redada policial en un comedor social que regentan seis monjas de una media de edad de 70 años. "Los agentes nos estaban esperando a la salida. Abrí la puerta, los vi y me metí corriendo dentro a esconderme en un baño", relata Hamid.
Sor Josefina León, de 76 años, madre superiora del convento, aún tiene el susto en el cuerpo. "Vi a un policía fuera, todo tieso, y siguió allí todo el tiempo. Pero como llevaba un chaleco con franjas amarillas, creía que era un barrendero", explica.
La Policía se llevó a 17 inmigrantes al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría. "Muchos de los que cogió la Policía eran muy jóvenes. Tuvimos que pedir a los agentes que no detuvieran a un inmigrante que está desde hace años con nosotras y nos ayuda", relata sor Josefina. Ella y las otras cinco monjas dan de comer a diario a unas 80 personas sin recursos, la mayoría inmigrantes irregulares.
La situación de los jóvenes que han cumplido los 18 es insostenible, según denuncian varias ONG y también los directores de los centros de menores, que ven como cada mes tienen que dar el alta a chicos que alcanzan esa edad. El cumpleaños de estos chicos lo determina el día que se hicieron la prueba ósea que fija su edad.
Como la mayoría llegaron en verano, es en estas fechas cuando más jóvenes dejan de ser menores. Y, con la crisis, es ahora cuando no hay trabajo y cuando estos adolescentes deambulan por Tenerife sin oficio. Los chicos saharauis que se esconden en la nave industrial no quieren ser deportados, pero tampoco tienen oportunidades. "Mira, me hice estas lesiones en el centro", dice un chico, mostrando un brazo lleno de cortes. Otro enseña su documento de expulsión.
En teoría, para esos chicos hay unos recursos-puente hasta que pueden valerse por sí mismos. Pero las 40 plazas de estos pisos tutelados que hay en Tenerife ya están completas, porque no son sólo para inmigrantes, sino para cualquier persona que no tenga recursos. En el centro de menores de Tegueste, con 144 plazas, hay internos 111 chicos, en su mayoría magrebíes y de Mali. "En junio nueve chicos han cumplido los 18 años", explica José Barreiro, director del centro. Su preocupación pasa ahora por el futuro de estos adolescentes y pone como ejemplo a un ex interno "buenísimo" que recientemente ha cumplido los 18 años y que está durmiendo en albergues y comiendo en comedores sociales.
El centro de menores de Tegueste, en Tenerife, abrió el 5 de agosto del año 2006. Desde entonces han pasado por él unos 700 menores. "Con ellos trabajamos su autonomía, que sepan manejarse con el transporte público, con los cajeros automáticos, a la hora de empadronarse...", señala Barreiro.
Los menores, todos chicos, asisten a talleres de soldadura y mantenimiento de edificios. Es martes por la mañana y una decena de adolescentes asisten muy atentos a las explicaciones de David Hernández, director de la escuela ocupacional donde reciben las clases. Hoy toca clase teórica. "¿Para qué sirve un tiralíneas?"; pregunta Hernández, mientras los chicos toman notas, muy atentos. "Se toman muy en serio su educación, le dan mucho valor; pero luego no hay recursos para que se puedan quedar", señala Hernández.
Los responsables de los centros de menores se quejan del tiempo y el dinero perdido que se va en formación. "El sistema no es justo. Los educamos, ellos intentan aprender un oficio y, si a los 18 no tienen la residencia, se acaba el sueño", afirma el director de uno de estos centros. Los adolescentes muchas veces no entienden por qué su situación cambia de forma repentina. "Es muy difícil hacerles entender que de un día para otro necesitan un papel que resulta obligatorio para poder moverse", afirma Barreiro.
También el colectivo La Calle, que acoge y da formación en Madrid a 80 subsaharianos adolescentes, ha denunciado esta práctica. En sus talleres de fontanería, electricidad o mecánica tienen a varios jóvenes en esta situación. Chicos que una vez tuvieron derechos y que los perdieron con la mayoría de edad.
