El abandono por parte del otrora “iluminado” Nick Clegg de su defensa de los inmigrantes en situación de irregularidad administrativa resulta indicativo del escaso convencimiento con que políticos de uno u otro signo abordan la defensa de los intereses de las minorías. Basta recordar las promesas del candidato liberal-demócrata, que incluían una amnistía para los inmigrantes que llevaran diez años en el país, acreditaran conocimiento del inglés y tuvieran un historial jurídico impecable.Por eso suenan a broma aquellas acusaciones de Clegg a conservadores y laboristas, a los que criticaba por no haber hecho nada para controlar la inmigración en los últimos cincuenta años y negaba fuerza moral para dedicarse a deportar a gente que “forma parte del tejido oculto de nuestra economía, lleva doce años aquí, hablan inglés y están dispuestos a contribuir con sus impuestos”.
