(Europa Press, 10 de noviembre de 2010) Los forenses consideran que debe ser la Fiscalía o la autoridad judicial la que ordene y supervise la realización de pruebas óseas para la determinación de la edad en los casos de inmigrantes llegados por vía irregular a España, ya que en muchos casos son las comunidades autónomas o las fuerzas policiales las que se encargan de ello.
