La acumulación de idioteces proferidas en nombre de la igualdad y en flagrante atentado contra la libertad, y la declinante trayectoria social, intelectual, moral, educativa y económica de España -y de Canarias en particular- animan a hacer las maletas en busca de mejor suerte para poner tierra de por medio de un país enfermo: la España de las prohibiciones. Sirva como botón de muestra la multa de más de 6.000 euros que el Ministerio de Trabajo quiere cascar a una empresa sevillana porque ofreció una plaza de programador, incurriendo en el canallesco error de no bautizar ese hipotético puesto de trabajo como “programador/a”.
Está por ver qué ocurre a quien quiera contratar a telefonistas. ¿No reclamarán algunos, en nombre de esa igualdad predicada por los imbéciles, que se exija la denominación telefonisto/a?
