Inmigrantes en situación precaria y de vulnerabilidad social que lleven más de seis meses en España. Ese es el perfil de quienes pueden desde el año 2003 acogerse a los programas de retorno voluntario a sus países de origen, financiados por el Ministerio de Trabajo y gestionados por varias ONGs. El Gobierno vendió a bombo y platillo tanto este plan como el programa creado en 2008 para extranjeros con derecho a paro, pero la realidad ha acabado imponiéndose y el Ejecutivo se ha quedado sin fondos para pagar los retornos voluntarios.
Más de 3.000 inmigrantes están en lista de espera para acogerse a estos programas que tuvieron que paralizarse entre junio y diciembre del año pasado por falta de dinero, según ha admitido la directora general de Integración del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Estrella Rodríguez. Con estos problemas de liquidez las cifras de personas que han regresado a sus países de origen, con fondos estatales, se redujo el año pasado casi a la mitad. Así, mientras que en 2009 se beneficiaron de este programa de retorno social 4.022 personas, el año pasado solo lo hicieron 2.213.