El sábado, 22 de octubre de 2011, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial de Estado (BOE) las disposiciones generales del nuevo Real Decreto 1384/2011 aprobado el 14 de octubre del 2011 en relación con la CIE. En él establece un desarrollo legal del primer artículo de los Acuerdos de Cooperación firmados entre la CIE y el Estado español en 1992. En este Decreto Ley lo que se modifica es el proceso de ingreso de las comunidades y las diferentes federaciones islámicas en la Comisión Islámica de España (CIE): básicamente, las comunidades y las federaciones que estén registradas en el Ministerio de Justicia ahora tendrán un acceso directo para formar parte de la CIE. Este proceso se lleva a cabo mediante un acta que se envía al Ministerio de Justicia por parte de las comunidades o federaciones (y no tendrán que ser representadas obligatoriamente por las dos federaciones, como ocurría antes); y, por su parte, el Ministerio de Justicia, después de comprobar los requisitos, la envía a la dirección de la CIE para que dé su conformidad: solo podrá rechazarla si existe una motivación legal para ello, con la posibilidad de recurrir en caso de rechazo. Bien, con este nuevo proceso lo que se pretende es desbloquear el actual gobierno de la CIE, que ha alcanzado niveles de inoperatividad intolerables, que bloquean cualquier proceso de desarrollo en la CIE. Por otro lado se quiere dar respuesta al gran desequilibrio de representatividad de las comunidades musulmanas en España, puesto que una gran parte de las comunidades están fuera de la CIE y, por lo tanto, fuera de los acuerdos de 1992. Como consecuencia de todo esto no se está llevando de forma real la aplicación de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR).
Entrar en las razones de la falta de operatividad de la CIE es un tema muy largo. Basta decir que estamos hablando de un órgano que cuenta con dos secretarios generales en vez de uno, y que las dos federaciones que actualmente gobiernan en la CIE casi nunca se ponen de acuerdo, y se hallan enfrentadas debido a razones muy complejas que fueron cambiando y amontonándose a lo largo del tiempo.
Ahora bien, ¿en qué beneficia este Real Decreto a las comunidades? Desde luego no va a solventar todos los problemas de la CIE, pero como primer paso habría que aplaudir esta iniciativa, que viene después de un fracaso de otro proyecto de representatividad que hubiera podido sustituir a la CIE: el llamado Consejo Islámico Español. Este primer paso posicionaría al resto de comunidades que estaban fuera de la CIE dentro de la misma, por lo que podrán optar a tener representación en la CIE y entrar a formar parte de los Acuerdos de Cooperación de 1992. Por supuesto, esto forzará inevitablemente un cambio en el órgano ejecutivo de la CIE en un tiempo relativamente corto, como también podría introducir una serie de cambios quizás en los propios estatutos de la CIE. Pero lo más interesante quizás no sea el tema estructural de la organización sino la oportunidad de las comunidades para forzar un diálogo sobre las prioridades de los problemas que acosan a los musulmanes en España; y, por otro lado, ayudaría a dinamizar un diálogo más real y representativo entre el Estado y los musulmanes en España.
Puede que también este primer paso sea significativo a la hora de unificar la voz de los musulmanes a nivel institucional, pero eso va a depender principalmente de cómo se van a comportar las comunidades en su participación dentro de la Comisión Islámica de España. Hay que añadir que el Estado va a beneficiarse de esta ley, principalmente en dos vertientes: la primera es conseguir por fin un portavoz único del Islam en España (esto, a mi modo de ver, quizás no se logre solo con esta ley); y la segunda y no menos importante es que al permitir que el resto de comunidades participen, éstas podrán frenar por sí mismas las injerencias extranjeras en la CIE, puesto que la mayor parte de las comunidades musulmanas rechazan cualquier intromisión de países extranjeros en sus asuntos.
Por lo tanto, este nuevo Decreto a mi modo de ver es positivo, aunque no será suficiente ni mucho menos para alcanzar una representatividad real de los musulmanes ante la administración pública. Pero, por otro lado, dará la oportunidad al resto de las comunidades para entrar en los Acuerdos de Cooperación de 1992, acuerdos que se incumplen en la mayor parte del territorio español. Pero ése ya es otro problema.
